La indagatoria tuvo lugar en la tarde de ayer a través de la plataforma Zoom, pero el contenido del escrito se conoció hoy.
El exsecretario de Energía del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, negó haber cometido delito y pidió ser sobreseído en la causa que lo investiga por el dictado de una resolución en 2018 para compensar a empresas distribuidoras de gas por la devaluación, al ser indagado por la jueza María Servini.
“El acto que se me enrostra no ocurrió y por tanto, la imputación que se me formula es injusta y debo ser desvinculado de ella”, sostuvo Iguacel en un escrito presentado en el juzgado, según el texto al que tuvo acceso Télam.
La indagatoria tuvo lugar en la tarde de ayer a través de la plataforma Zoom, pero el contenido del escrito se conoció hoy.
Iguacel pidió ser sobreseído durante el trámite, en el que contestó preguntas del juzgado y la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa.
“Como toda decisión emanada de un Secretario de Estado, mi Resolución se encontraba sujeta a una ponderación política superior y, que en instancias posteriores, decidió el dictado de una nueva norma de mayor jerarquía. Con lo cual además no tuvo ninguna vigencia operativa”, agregó en el escrito de descargo, patrocinado por el abogado Hugo Wortman Jofre.
Además, argumentó que el traslado de esos costos “a las tarifas del gas que pagarían los usuarios no era de incumbencia del Secretario de Energía, ni puede ser atribuido a la Resolución 20” del 2018, cuestionada en la acusación de la fiscalía.
Sobre la imputación en su contra de la fiscal Ochoa, Iguacel sostuvo que “se trata de un error la atribución que realiza la señora Fiscal a mi persona en el sentido de haber dispuesto el traslado a usuarios” de los costos del gas en 2018.
“Tal traslado no fue dispuesto por el Secretario de Energía, sino que se encontraba previsto en el marco regulatorio del mercado de gas vigente”, concluyó.
Tras el trámite de indagatoria, Servini deberá resolver la situación procesal del exfuncionario.
Al imputarlo, la fiscal Ochoa sostuvo que a partir del dictado de la resolución que habilitó a cobrar un incremento extra desde enero de 2019 para compensar los efectos de la devaluación del peso en las tarifas, Iguacel “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”.
Además, señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.
Si bien la resolución cuestionada fue dejada sin efecto, la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó en agosto de este año que se declare su nulidad absoluta e insanable.
La Resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.